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PorGonzalo Gómez Álvarez

Estado de alarma, COVID-19: consecuencias de no respetar el confinamiento.

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El pasado día 14 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, entrando en vigor en el mismo momento de su publicación. Muchas son las dudas que se nos presentan ya que se trata de una situación totalmente novedosa y desconocida y que conlleva numerosas restricciones para todos nosotros. Una de las más importantes, por cuanto afecta a nuestro derecho fundamental a la libertad deambulatoria reconocido en el art. 17 CE, es la orden de confinamiento que nos impone el art. 7 del RD 463/2020. Pero, ¿qué consecuencias puede tener no respetar este confinamiento?

¿Qué es el estado de alarma?

Antes de contestar a la cuestión anterior conviene dar unas pequeñas pinceladas acerca de qué es el estado de Alarma.

El estado de alarma es uno de los tres estados extraordinarios que contempla el art. 116 CE, junto con el estado de excepción y el estado de sitio. Dicho de otro modo, nuestra Constitución está pensada para funcionar en condiciones normales. Sin embargo, si por algún motivo o circunstancia extraordinaria se hace imposible el mantenimiento del orden constitucional por las vías ordinarias, es decir, a través de los poderes de las autoridades competentes, la Constitución prevé la posibilidad de que el Gobierno declarare alguno de estos tres estados para hacer frente al motivo o circunstancia que lo provocaron.

Que se declare uno u otro estado depende de cuál sea la causa que provoque la situación excepcional. Así, el estado de alarma está pensado, entre otras, para situaciones de crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

Básicamente, estos estados extraordinarios, que se regulan por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, permiten al Gobierno la capacidad de suspender temporalmente algunos preceptos de la Constitución, tales como aquéllos que regulan las competencias de las Comunidades Autónomas o, incluso, la suspensión o limitación de derechos fundamentales (he ahí la legitimidad del art. 7 RD 463/2020 que establece la limitación de la libertad de circulación de las personas).

Consecuencias de no respetar el confinamiento

Aclarado lo anterior, paso a exponer qué consecuencias punitivas puede acarrear la violación de lo establecido en el art. 7 del RD 463/2020.

Se trata de un tema muy complejo ya que se nos presentan multitud de supuestos que pueden derivar en otras tantas consecuencias. Por ello me centraré en aquellos supuestos directamente relacionados con la transgresión la prohibición de circulación de las personas. Es decir, ¿qué pasa si salgo a la calle y no es por alguno de los motivos permitidos?

Para empezar, hay que decir que haciendo esto estamos desobedeciendo una norma imperativa directa dictada por una Autoridad, por lo tanto, aquellos que piensen que sólo se enfrentan a una sanción administrativa si la incumplen (es decir, a una simple multa) se equivocan. Pero, ¿es delito salir de casa si no es por alguno de los motivos permitidos? Pues en principio no, aunque podría llegar a serlo. Esto es porque aquellos supuestos de hecho que se castigan al mismo tiempo como infracción administrativa y como delito en el Código Penal, sólo se castigarán por la vía penal aquellos casos más graves.

Es decir, la calificación como multa administrativa o como delito dependerá del grado de desobediencia que cometa el infractor. Por lo tanto, que una persona salga de su casa para dar un paseo, para correr, para jugar a la petanca, etc. no es constitutivo de delito (incluso el que sale a sabiendas de que no puede hacerlo), pero ello sí será constitutivo infracción administrativa con su consecuente sanción (multa).

Si hablamos de sanción administrativa debemos diferenciar a su vez, las desobediencias a la autoridad tipificadas en el art. 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana y las desobediencias a una orden dictada por la Autoridad en una situación de emergencia (como en la que nos encontramos) tipificadas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Es muy probable que durante estos días se sancionen por la primera de ellas muchas conductas puntuales de desobediencia a los agentes de la autoridad, pero si nos referimos al hecho mismo de desobedecer la orden de no deambular por la vía pública, salvo en los casos permitidos, el principio de especialidad nos obliga a sancionar por la segunda de ellas. Y no es ninguna broma, pues la sanción administrativa a la que nos enfrentamos varía desde los 1.501 € a los 30.000 € si la infracción se califica como GRAVE, y de 30.001 € a 600.000 € si la infracción se califica como MUY GRAVE, mientras que las sanciones que impone la Ley de Seguridad Ciudadana van desde los 601 € a los 30.000 €.

Veamos la redacción de las infracciones en las dos leyes:

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana:

Art. 36: Son infracciones graves:

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil:

Art. 45.3: Constituyen infracciones muy graves:

b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas¸ cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

Art. 45. 4: Constituyen infracciones graves:

b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

Por otro lado, aquellas desobediencias graves que sobrepasan ya la mera infracción administrativa son subsumibles en el art. 556.1 CP:

Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”

Es muy difícil poder hacer una diferenciación de manera abstracta de qué se considera desobediencia grave y qué no en una situación como la que estamos viviendo. Por lo tanto, aunque en principio la mera acción de salir de casa desobedeciendo la orden de confinamiento no va a ser delito, tampoco podemos asegurarlo debido a la situación tan excepcional que vivimos.

Ahora bien, en caso de que se puedan sancionar por la vía penal, se da la paradoja de que una persona que sea condenada por esta vía pueda llegar a tener una pena cuantitativamente más leve que una persona sancionada por la vía administrativa, pues esta última, en la modalidad de “muy grave” puede llegar a ser de hasta 600.000 €, mientras que la sanción penal, aún siendo la más grave, es sólo de 1 año de prisión, por lo que, si el autor no tiene antecedentes, no entraría en prisión.

Conclusiones

Con la declaración del estado de alarma por culpa de la epidemia del COVID-19, el Gobierno nos ha impuesto la orden de no deambular por la vía pública, salvo en algunos casos. La desobediencia de esta orden puede constituir infracción administrativa o infracción penal.

La diferencia entre infracción administrativa e infracción penal reside en el desvalor de la desobediencia cometida y la situación actual tan excepcional y novedosa que vivimos no nos permite poder definir el límite entre ambas.

Por otro lado, dentro de las infracciones administrativas diferenciamos las graves de las muy graves en si supone, o no, una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

De este modo, se podría dar la paradoja de que un sujeto que desobedece gravemente la orden de no deambular por la vía pública (sanción penal) tenga un castigo más leve que el sujeto que desobedece dicha orden pero que su desobediencia supone una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes (sanción administrativa muy grave).

Bibliografía

MUÑOZ CONDE, F.; Derecho Penal Parte Especial; Tirant lo Blanch; Valencia, 2001.

VVAA.; Manual de Derecho Constitucional Cuarta Edición; Tecnos; Madrid, 2013.